El 30 de octubre de 2017 los pueblos indígenas de Colombia han iniciado una masiva movilización, llamada la Minga [1] de Resistencia por el territorio, la dignidad y el cumplimiento de los acuerdos. Desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia, más de 40 indígenas han sido asesinados.[2] La situación se expresa de enorme gravedad y es uno de los motivos que ha llevado a los pueblos indígenas a movilizarse a lo largo del territorio colombiano.
Los pueblos indígenas han manifestado que la Minga ha sido convocada también para:
a) reclamar el cumplimiento de los acuerdos asumidos y no gestionados por el gobierno colombiano; b) exigir la inclusión de los pueblos indígenas en la implementación del acuerdo de paz, concretamente, en el plan marco que orienta las políticas públicas y la nueva institucionalidad creada. Ni los pueblos indígenas ni los pueblos afrodescendientes están siendo incluidos en estos espacios de decisión; c) exigir el desarrollo el capítulo étnico que se firmó en el acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc.
Es de especial preocupación, por el nivel de conflictividad que se está generando, la exclusión de los pueblos indígenas con respecto a temas fundamentales como: los procesos de participación política; el sistema de verdad, justicia y reparación y las políticas de sustitución de cultivos ilícitos. Sobre este último punto, el actual gobierno ha incumplido sistemáticamente los acuerdos firmados y, en la práctica, se ha evidenciado un constante atropello por parte de la Fuerza Pública estatal hacia la población.
La presunta responsabilidad de la Policía en la masacre de Tumaco[3] y del Esmad en el asesinato de una comunicadora indígena del pueblo Kokonuko,[4] dejan dudas sobre el enfoque en Derechos Humanos que se está haciendo en el uso de la fuerza estatal. Asimismo, la detención el 29 de octubre de dos comuneros indígenas del Resguardo de Santa Rosa en el Cauca sin motivo, la presión del ejército ejercida, tanto en la zona de Monterilla (Caldono – Cauca) como en los diferentes puntos de concentración del país, más un saldo de 36 indígenas heridos, están mostrando que no se están dando las garantías a la protesta social.
Además, en este marco de conflictividad, la impunidad frente a los asesinatos sistemáticos de indígenas por grupos armados postdesmovilización (GAPD) o neoparamilitares es absoluta. Igualmente, las amenazas constantes a la vida por parte de estos grupos a las poblaciones rurales pasan inadvertidas ante la justicia colombiana. La cifra de asesinatos muestra que las amenazas a la vida no se quedan solo en palabras, sino que se están ejecutando realmente.
Dado lo anterior, las organizaciones firmantes llamamos la atención y solicitamos a las autoridades colombianas que:
1. Protejan la vida por encima de cualquier interés y respeten el derecho a la protesta y la movilización social;
2. Velen y ordenen a la Fuerza Pública el respeto de los Derechos Humanos y eviten la violencia que suelen ejercer contra las movilizaciones sociales
3. Investiguen seriamente y a fondo las amenazas de los GAPD contra los pueblos indígenas. Definan sistemas integrales de protección para los pueblos indígenas y afrodescendientes y para sus líderes amenazados
4. Sancionen a los responsables y reparen a las víctimas y sus familiares en los casos en los que se demuestre que la Fuerza Pública ha violado los Derechos Humanos. En ese sentido, solicitamos que realmente se garantice la NO repetición de los hechos
5. Definan un plan real de cumplimiento de los acuerdos con los pueblos indígenas en el país. No puede ser que, acuerdos establecidos con los pueblos indígenas desde hace más de 10 años, todavía no se hayan cumplido. No es viable la consolidación de la Paz territorial si no se tiene en cuenta a los pueblos indígenas y afrodescendientes y si no hay una seria voluntad de aplicación del Capítulo Étnico firmado en la Habana.
6. Sometan las políticas públicas territoriales a la consulta vinculante con los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades campesinas allí presentes. Tanto aquellas políticas que dan cuenta del desarrollo de las regiones y de bienestar social, como otras intervenciones como la sustitución de cultivos.
Seguiremos muy de cerca el desarrollo de la Minga indígena de Resistencia por el territorio, la dignidad y el cumplimiento de acuerdos y esperamos de las autoridades colombianas voluntad política para el cumplimiento de éstos
Firman:
- Almáciga
- Associació Intercultural Llatins per Catalunya
- Cabildos Transfronterizos
- Colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas
- Colectivo Maloka Colòmbia
- Grupo de Trabajo Suiza - Colombia (Ask - Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien)
- Mugarik Gabe
- Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia
- Rete Italiana Colombia Vive
-Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, formada por:
-Ajuntament de Lleida
-Associació Catalana per la Pau
-Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
-Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
-Cooperacció
-Entrepobles
-Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
-Fundació Desenvolupament Comunitari
-Fundació Pagesos Solidaris
-Fundació Pau i Solidaritat – CCOO
-FundiPau
-Indera
-Intersindical-CSC
-Justícia i Pau
-Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global
-Lliga dels Drets dels Pobles
-Moviment per la Pau – MPDL
-Nabowa. Xarxa per la Pau
-Oxfam Intermón
-Plataforma Unitària contra les violències de gènere
-Sindicalistes Solidaris - UGT
[1]
Minga, palabra de origen Quechua que significa trabajo colectivo por el bien
común.
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