En Colombia, del 2001 al 2009, cada 44 minutos – de promedio – una mujer fue violada por actores del conflicto armado, con un resultado de 26.453 mujeres embarazadas, según reveló la encuesta de prevalencia que, sobre el tema, realizó la ONG Oxfam con nueve organizaciones de derechos humanos y de mujeres de Colombia.
“La violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado y, por ello, puede ser calificada como generalizada, de conformidad con el derecho internacional”, afirmó Diana Montealegre, directora de la Campaña “Saquen mi cuerpo de la guerra”(pdf). Esta campaña, impulsada por Oxfam, busca difundir a nivel internacional que el conflicto armado que vive Colombia tiene unos efectos particulares en la vida de las mujeres, los actores armados ejercen violencia sexual y la impunidad es muy alta.
Los cuerpos de las mujeres se han convertido en botín de guerra. Ellas son el blanco militar de los grupos armados como estrategia para imponer el terror en las comunidades y, de este modo, facilitar el control militar. También, para forzar el abandono de territorios de interés militar o económico, e incluso para cobrar revancha contra el enemigo.
“La investigación tuvo su origen en la campaña, pues, cuando llevábamos estos mensajes, nos preguntaban en qué nos basábamos para decir que la violencia sexual en el marco del conflicto era generalizada. Ya habíamos hecho una investigación cualitativa, que demostró que este tipo de violencia se usa como estrategia de guerra, pero no teníamos cifras, así que decidimos hacer la investigación cuantitativa para medir la prevalencia”, agregó Montealegre.
La pesquisa no sólo indagó por violación carnal, sino también por otras formas de violencia sexual como prostitución, embarazo, aborto, esterilización y servicios domésticos forzados, así como acoso sexual y “regulación de la vida social”.Este último tipo de violencia se refiere a casos en que un grupo armado, mediante la fuerza o la amenaza, impone patrones de sexualidad y de relaciones sociales entre la sociedad civil, como la prohibición del uso de ciertos vestidos o de asistir a determinado tipo de actividades.Mientras que “servicios domésticos forzados” comprende labores que trasciendan a actos sexuales. Por ejemplo, cuando un grupo armado llega a una propiedad, exige que los miembros del ejército sean atendidos por mujeres, o cuando personas civiles secuestradas son obligadas a cumplir labores domésticas y a realizar actos de tipo sexual.
En Barrancabermeja y Medellín se denunció la existencia de redes de paramilitares (grupo ilegal de derecha) que obligaban a las mujeres a prostituirse. La Corte habla de “esclavización sexual de mujeres civiles” por cuenta tanto de las Autodefensas de Colombia (paramilitares) como de las FARC (guerrilla).Una investigación de 2010, realizada por la Corporación Nuevo Arco Iris, reveló que las estructuras paramilitares y sus “hijas”, las bandas emergentes, están usando la violación sexual como un mecanismo para el control de las organizaciones sociales y de mujeres víctimas del conflicto.
“Muchas mujeres, al preguntarles de manera general si habían sido o conocido víctimas de violencia sexual, decían que no, pero respondieron afirmativamente al desglosar cada clase de violencia”, agregó Montealegre. Así, cuatro de cada 10 víctimas no reconocían varias de las tipologías de violencia por las que indagó la encuesta, lo cual evidencia una jerarquización de las formas de violencia sexual en la que ciertos tipos están “naturalizados y normalizados”, como la regulación de la vida social, servicios domésticos forzados, acoso sexual y esterilización forzada”, puntualizó.
La ocurrencia de estas formas de violencia es alarmante: seis mujeres fueron víctimas de violencia sexual cada hora en el marco del conflicto armado. Algunas sufrieron repetidos actos de violencia sexual.
Una de ellas es C.A., una mujer de 32 años que vivía de la agricultura en uno de los municipios con presencia de grupos armados en conflicto.”Fui violada, sufrí cuatro desplazamientos, el asesinato de mi hermano, un secuestro por los paramilitares, donde me obligaban a servirles y me amenazaban. Allí vi cómo ’empalaban’ (violación con palos) a otras mujeres hasta morir desangradas“, relató C.A.
La encuesta también reveló que, para las mujeres, la presencia de los actores armados en los municipios incrementa la violencia sexual en el espacio público, como lo afirmó el 64,2 por ciento; mientras que 49,28 considera lo mismo en el espacio privado. De lo anterior se infiere una continuidad de la violencia sexual contra las mujeres, que se refleja en espacios públicos por grupos armados y otros, y en espacios privados por la pareja y familiares.
“Desde el punto de vista teórico, el enfoque de investigación se enmarcó en la teoría feminista y, por ende, en la comprensión de las violencias en contra de las mujeres como un contínuum en sus vidas y no como expresiones inconexas de rabia o pérdida de control de los varones”, explica el informe.
El estudio añade que por tales razones “se consideró la violencia sexual en sus múltiples expresiones, y no solamente como violación o acoso sexual. Por ello, para la encuesta, se amplió el espectro de las violencias y se incluyeron algunas tipificadas por el código penal colombiano y otras que aún no lo están, como la regulación de la vida social”.
Pero no sólo la recurrencia de delitos sexuales es alta, sino también la falta de denuncia ante los organismos legales. La encuesta encontró que la inmensa mayoría (82,15%) de las mujeres víctimas no denunció los hechos, y sólo 17,7 lo hizo, mientras que 0,23 no informó al respecto. “Prefiero dejarlo así”, fue la respuesta más frecuente para explicar la negativa a denunciar las agresiones, seguida de “temor a represalias”. Ocho de cada 100 dijo no saber cómo denunciar, 7,3 por ciento afirmó que “no cree ni confía en la justicia”, y 5,8 por ciento explicó que “no quería que los familiares se enteraran”. Adicionalmente, 73,93 por ciento del total de las mujeres víctimas -que denunciaron y que no lo hicieron- considera que la presencia de los grupos armados constituye un obstáculo a la denuncia de los hechos de violencia sexual.
Las violaciones de los derechos humanos, específicamente contra las mujeres en el marco del conflicto armado, ya fue reconocida por la Corte Constitucional colombiana, que en 2008 ordenó a la Fiscalía General de la Nación, ente acusador colombiano, que investigue un reporte “coherente y consistente” de al menos 80 casos de violaciones individuales y colectivas que terminaron en desplazamientos de comunidades enteras.
“Esta situación nos preocupa, por eso queremos hacer una investigación dedicada al tema de impunidad”, acotó Montealegre, quien anunció que tales resultados están siendo divulgados en la Unión Europea y en Estados Unidos.
De hecho, Oxfam ya los presentó ante el Parlamento Español y se espera que este haga una declaración en la que exprese su preocupación ante la grave situación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Los resultados de la encuesta, que se hizo puerta a puerta, son estadísticamente válidos para 407 municipios de Colombia, que se estima tienen 2.785.009 mujeres entre 15 y 44 años.
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“La violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado y, por ello, puede ser calificada como generalizada, de conformidad con el derecho internacional”, afirmó Diana Montealegre, directora de la Campaña “Saquen mi cuerpo de la guerra”(pdf). Esta campaña, impulsada por Oxfam, busca difundir a nivel internacional que el conflicto armado que vive Colombia tiene unos efectos particulares en la vida de las mujeres, los actores armados ejercen violencia sexual y la impunidad es muy alta.
Los cuerpos de las mujeres se han convertido en botín de guerra. Ellas son el blanco militar de los grupos armados como estrategia para imponer el terror en las comunidades y, de este modo, facilitar el control militar. También, para forzar el abandono de territorios de interés militar o económico, e incluso para cobrar revancha contra el enemigo.
“La investigación tuvo su origen en la campaña, pues, cuando llevábamos estos mensajes, nos preguntaban en qué nos basábamos para decir que la violencia sexual en el marco del conflicto era generalizada. Ya habíamos hecho una investigación cualitativa, que demostró que este tipo de violencia se usa como estrategia de guerra, pero no teníamos cifras, así que decidimos hacer la investigación cuantitativa para medir la prevalencia”, agregó Montealegre.
La pesquisa no sólo indagó por violación carnal, sino también por otras formas de violencia sexual como prostitución, embarazo, aborto, esterilización y servicios domésticos forzados, así como acoso sexual y “regulación de la vida social”.Este último tipo de violencia se refiere a casos en que un grupo armado, mediante la fuerza o la amenaza, impone patrones de sexualidad y de relaciones sociales entre la sociedad civil, como la prohibición del uso de ciertos vestidos o de asistir a determinado tipo de actividades.Mientras que “servicios domésticos forzados” comprende labores que trasciendan a actos sexuales. Por ejemplo, cuando un grupo armado llega a una propiedad, exige que los miembros del ejército sean atendidos por mujeres, o cuando personas civiles secuestradas son obligadas a cumplir labores domésticas y a realizar actos de tipo sexual.
En Barrancabermeja y Medellín se denunció la existencia de redes de paramilitares (grupo ilegal de derecha) que obligaban a las mujeres a prostituirse. La Corte habla de “esclavización sexual de mujeres civiles” por cuenta tanto de las Autodefensas de Colombia (paramilitares) como de las FARC (guerrilla).Una investigación de 2010, realizada por la Corporación Nuevo Arco Iris, reveló que las estructuras paramilitares y sus “hijas”, las bandas emergentes, están usando la violación sexual como un mecanismo para el control de las organizaciones sociales y de mujeres víctimas del conflicto.
“Muchas mujeres, al preguntarles de manera general si habían sido o conocido víctimas de violencia sexual, decían que no, pero respondieron afirmativamente al desglosar cada clase de violencia”, agregó Montealegre. Así, cuatro de cada 10 víctimas no reconocían varias de las tipologías de violencia por las que indagó la encuesta, lo cual evidencia una jerarquización de las formas de violencia sexual en la que ciertos tipos están “naturalizados y normalizados”, como la regulación de la vida social, servicios domésticos forzados, acoso sexual y esterilización forzada”, puntualizó.
La ocurrencia de estas formas de violencia es alarmante: seis mujeres fueron víctimas de violencia sexual cada hora en el marco del conflicto armado. Algunas sufrieron repetidos actos de violencia sexual.
Una de ellas es C.A., una mujer de 32 años que vivía de la agricultura en uno de los municipios con presencia de grupos armados en conflicto.”Fui violada, sufrí cuatro desplazamientos, el asesinato de mi hermano, un secuestro por los paramilitares, donde me obligaban a servirles y me amenazaban. Allí vi cómo ’empalaban’ (violación con palos) a otras mujeres hasta morir desangradas“, relató C.A.
La encuesta también reveló que, para las mujeres, la presencia de los actores armados en los municipios incrementa la violencia sexual en el espacio público, como lo afirmó el 64,2 por ciento; mientras que 49,28 considera lo mismo en el espacio privado. De lo anterior se infiere una continuidad de la violencia sexual contra las mujeres, que se refleja en espacios públicos por grupos armados y otros, y en espacios privados por la pareja y familiares.
“Desde el punto de vista teórico, el enfoque de investigación se enmarcó en la teoría feminista y, por ende, en la comprensión de las violencias en contra de las mujeres como un contínuum en sus vidas y no como expresiones inconexas de rabia o pérdida de control de los varones”, explica el informe.
El estudio añade que por tales razones “se consideró la violencia sexual en sus múltiples expresiones, y no solamente como violación o acoso sexual. Por ello, para la encuesta, se amplió el espectro de las violencias y se incluyeron algunas tipificadas por el código penal colombiano y otras que aún no lo están, como la regulación de la vida social”.
Pero no sólo la recurrencia de delitos sexuales es alta, sino también la falta de denuncia ante los organismos legales. La encuesta encontró que la inmensa mayoría (82,15%) de las mujeres víctimas no denunció los hechos, y sólo 17,7 lo hizo, mientras que 0,23 no informó al respecto. “Prefiero dejarlo así”, fue la respuesta más frecuente para explicar la negativa a denunciar las agresiones, seguida de “temor a represalias”. Ocho de cada 100 dijo no saber cómo denunciar, 7,3 por ciento afirmó que “no cree ni confía en la justicia”, y 5,8 por ciento explicó que “no quería que los familiares se enteraran”. Adicionalmente, 73,93 por ciento del total de las mujeres víctimas -que denunciaron y que no lo hicieron- considera que la presencia de los grupos armados constituye un obstáculo a la denuncia de los hechos de violencia sexual.
Las violaciones de los derechos humanos, específicamente contra las mujeres en el marco del conflicto armado, ya fue reconocida por la Corte Constitucional colombiana, que en 2008 ordenó a la Fiscalía General de la Nación, ente acusador colombiano, que investigue un reporte “coherente y consistente” de al menos 80 casos de violaciones individuales y colectivas que terminaron en desplazamientos de comunidades enteras.
“Esta situación nos preocupa, por eso queremos hacer una investigación dedicada al tema de impunidad”, acotó Montealegre, quien anunció que tales resultados están siendo divulgados en la Unión Europea y en Estados Unidos.
De hecho, Oxfam ya los presentó ante el Parlamento Español y se espera que este haga una declaración en la que exprese su preocupación ante la grave situación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Los resultados de la encuesta, que se hizo puerta a puerta, son estadísticamente válidos para 407 municipios de Colombia, que se estima tienen 2.785.009 mujeres entre 15 y 44 años.
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