XAVIER Rius, periodista 14/08/2012, El Periódico de Aragón.
Todo parece indicar que, lejos de conseguir una disminución del gasto público, la intención del Ministerio de Sanidad de negar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles generará un incremento de ese coste y obligará a su incumplimiento y a sucesivas rectificaciones --como ha insinuado ya el propio Gobierno--, con lo que el resultado no será de ahorro alguno.
España e Italia, que en los últimos años, con un crecimiento que demandaba más mano de obra, fueron puertas de Europa para la inmigración, eligieron en muchos periodos como método de gestión del flujo migratorio las regularizaciones extraordinarias, con la concesión de la asistencia sanitaria a los que llegaban. En España se universalizó definitivamente la sanidad con la ley de extranjería del año 2000.
SE GENERALIZÓ la sanidad no únicamente por motivos humanitarios, sino también por el peligro que significaba, a efectos del historial clínico, que unos inmigrantes acudieran con la tarjeta de un familiar, y por el mayor coste de la atención en los servicios de urgencias de quienes carecían de tarjeta, que, además, no podían seguir el tratamiento. También se hizo por el problema epidemiológico que significaba tener una media de 200.000 personas fuera del sistema. En Italia, los irregulares accedían a la tarjeta de Extranjero Temporalmente Presente, con un código anónimo renovable. Y la mayoría de los países de la Unión Europea, con un número mucho menor de irregulares, además de garantizar la sanidad de los menores y mujeres embarazadas cubrían enfermedades crónicas e infecciosas. En muchos de estos países hay instituciones sanitarias de beneficencia. En Estados Unidos, con 12 millones de sin papeles, la mayoría hacen lo que el resto de trabajadores: contratar una póliza privada. Además, existe una red --aunque precaria-- de beneficencia, algo inexistente en España.
Así las cosas, el Gobierno pretende que los inmigrantes irregulares, a excepción de menores y embarazadas, se costeen una póliza de 710 euros al año, que se incrementa para los mayores de 65 años. Una propuesta jurídicamente discutible, dado que, mientras al dar asistencia sanitaria a quien está empadronado no se firma ningún contrato, ahora se pretende que quien puede ser expulsado hoy mismo (reconociendo su condición de expulsable) firme un contrato de futuro con la Administración.
Se ha barajado que la cifra actual de irregulares oscila entre 200.000 y 300.000, incluidos los menores. Este último año se ha incrementado la cifra de extracomunitarios con permiso de residencia en algo más de 100.000, la mayoría hijos nacidos en España. Pero según los datos provisionales del padrón del INE, donde se contabiliza también a los irregulares, la cifra de extranjeros ha descendido en 40.000. Las cifras no son en modo alguno fiables, dado que decenas de miles de inmigrantes con permiso de larga duración han ido a trabajar a Alemania o Bélgica, donde pueden residir legalmente. Y también están marchando a sus países de origen, solos o con sus familias, una gran cantidad de inmigrantes con o sin papeles, no todos los cuales se han dado de baja en el padrón. Así que es imposible saber la cifra real de inmigrantes sin papeles. Pero es una evidencia que hoy ya no llegan inmigrantes y que se marchan muchos miles.
Pero se produce un problema grave: muchos inmigrantes con menos de cinco años de residencia legal en España acabarán siendo irregulares al no poder renovar su tarjeta de residencia. Y en muchas unidades familiares se dará el caso de unos miembros con permiso permanente y otros en situación irregular sobrevenida al quedar en paro. Toda la profesión sanitaria coincide en que será más caro atenderlos en urgencias que mantener la cobertura ordinaria. Y la pretensión de que paguen una póliza pública fracasará. Además, se alerta de nuevo del peligro epidemiológico de no atender el tratamiento de enfermedades contagiosas, y del mayor coste sanitario de mandar a casa a alguien operado de un tumor pero que acaba volviendo a urgencias en una situación peor al no haber recibido radioterapia. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha rectificado. "Ningún paciente que lo necesite va a quedarse sin atención", ha dicho, y ha insinuado que se atenderá a los enfermos crónicos e infecciosos, los posoperatorios y los tratamientos oncológicos. Y tarde o temprano deberá reconocerse que son más caras las atenciones reiteradas en urgencias que continuar con el médico de cabecera.
EVIDENTEMENTE, España debe tomar medidas para acabar con el llamado turismo sanitario, que existe porque tenemos un servicio mejor que el de otros países europeos. Pero este turismo sanitario lo realizan, sobre todo, ciudadanos de la UE. En las comunidades que gobierna, el PP no ha alimentado la rumorología sobre inmigración. Pero el Gobierno, al proponer negar la asistencia a los irregulares sobre la base de falsos motivos económicos, ha abierto un debate que solo beneficia a quienes desean sacar réditos de la xenofobia y fracturar la cohesión social en mitad de la crisis.
