Por Gonzalo
Fanjul
En ocasiones no es cuestión de ideología, sino de líneas rojas. Las mías fueron traspasadas ayer con la decisión de negar a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la salud.
En ocasiones no es cuestión de ideología, sino de líneas rojas. Las mías fueron traspasadas ayer con la decisión de negar a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la salud.
El Gobierno justifica su decisión en el ahorro de
500 millones de euros del gasto sanitario. Eso es, sencillamente, imposible de
saber. En primer lugar, el número de extranjeros que residen irregularmente en
nuestro país es enormemente vaporoso. En segundo lugar, la imposibilidad de ser
atendidos en la red de asistencia primaria podría llevar a muchos de ellos a
recurrir a los servicios de urgencias, que ya actúan por encima
de sus posibilidades. En tercer lugar, la 'desaparición' sanitaria de una
población de esta envergadura puede generar problemas de salud
pública cuya resolución compense en gran medida el ahorro que se
pretende hacer ahora. Un ejemplo: España es en este momento uno de los países
desarrollados con mayor número de enfermos de tuberculosis, una
enfermedad con variantes extremadamente peligrosas que se concentra en algunos
grupos de población inmigrantes.
El recurso al argumento del 'turismo sanitario' es
una infamia. Como demuestran todos los trabajos serios que se han asomado a este
asunto, la mayor carga relativa de los extranjeros para nuestro sistema de salud
tiene apellidos alemanes, británicos y franceses, no latinoamericanos o
africanos. Es una consecuencia simple de la edad de los inmigrantes irregulares
y de su temor a exponerse a cualquier tipo de autoridad. Y si no pagan más
impuestos (porque contribuyen con los indirectos, señora Ministra) es porque
nosotros se lo impedimos. Estudios sobre el coste de la rigidez del sistema
migratorio en el Reino Unido demostraron que el Estado perdía más de 1.000
millones de libras anuales al mantener en la irregularidad a una población de
trabajadores más pequeña que la nuestra.
Ningún ahorro económico compensará el modo en el que
esta medida envilece a nuestra sociedad y a nuestras instituciones públicas.
Estamos convirtiendo en un infierno de incertidumbre y vulnerabilidad la vida de
cientos de miles de hombres, mujeres y niños que llegaron a nuestro país para
trabajar y prosperar. Seres humanos que conviven con nosotros, a menudo en
nuestras propias casas, padecen una ciudadanía de tercera clase.
La medida es cobarde porque se dirige contra
aquellos que no pueden defenderse. Por eso es absolutamente esencial que quienes
tenemos la capacidad de levantar la voz lo hagamos ahora. La oposición debe
expresar con claridad lo que esto significa. La Conferencia Episcopal no puede
mantener por más tiempo esta tibieza bochornosa (son sus propias organizaciones
y fieles los que trabajan en las trincheras de la política migratoria,
defendiendo la dignidad de nuestras comunidades). Los médicos, los enfermeros y
enfermeras, el personal de administración de los centros de salud: rebélense
contra esta medida. Niéguense a cumplir una ley que atenta contra la naturaleza
de su profesión.
No permitamos que esto ocurra. No admitamos la
derrota del sentido común y de la compasión en nuestras conversaciones en el
trabajo, en los colegios de nuestros hijos, en las reuniones con amigos. No
aceptemos que, tratando de no ser una sociedad pobre, nos estamos transformando
en una sociedad estúpida y cruel.
Sobre el autor: Gonzalo Fanjul lleva más de veinte
años dedicado al activismo contra la pobreza desde España, Perú y Estados
Unidos. Colabora como investigador con diferentes think
tanks, universidades y ONG, lo que nos va a permitir
contar con las aportaciones y la complicidad de un buen puñado de expertos
repartidos por todo el mundo. @3500M está coeditado con Lucila
Rodríguez-Alarcón.
